Son dos pibes pobres, los hermanos Guilllermo y Gustavo Aguilera. Están presos en el penal de Saavedra (a 600 km. de su casa) desde hace tres años. Los acusaron de haber robado en un predio de Gendarmería. Allanaron su vivienda varios hombres armados y de civil. Creyendo que los estaban robando, uno de los hermanos se defendió con un escopetazo que hirió a un policía sin gravedad alguna. Los dos hermanos y otro vecino fueron llevados a la Brigada de La Matanza. Las torturas (que los legitimadores llaman apremios) sobre los tres detenidos, desgastaron al vecino, que, amenazado, imputó a los dos hermanos el crimen de otro policía ocurrido en el barrio seis meses antes del mentado robo.
Aislados de su familia, fueron traídos a juicio oral y público ante el Tribunal Oral N° 4 de La Matanza, donde se realizó un trámite tan extraño como la acusación: testigos claves que no declararon; otros que lo hicieron previo desalojar la sala, incluyendo a los propios imputados; imposibilidad de reveer declaraciones incriminatorias que evidenciaban las irregularidades producto de las torturas; confesiones armadas desde una defensa oficial que soslayó cualquier explicación, prestando más atención a presuntas rebajas de pena que a negar la autoría y desentrañar la verdad. Esas son algunas de las características que tuvo el enjuiciamiento. Pese a que ninguno de los testigos presenciales del hecho (incluídas la esposa y la tía del policía muerto) reconocieron a los hermanos como los autores, y, por el contrario, describieron a otros sujetos (uno de ellos, curiosamente, tenía aspecto de policía, según el testigo que fue desistido por el fiscal y la defensa en la audiencia oral), pese a todo ello, la condena fue de prisión perpetua por homicidio agravado por la condición de policía de la víctima.
Quienes conocen a los hermanos Aguilera, todos de una comunidad semirural de La Matanza, saben de su completa ajenidad e inocencia, y también de su docilidad y vulnerabilidad a las palabras de la autoridad, aspectos todos que los policías que tejieron la trampa tuvieron en cuenta a la hora de vengar el disparo de la noche de la detención, pero sobremanera a la hora de desviar la investigación sobre el homicidio de su camarada, al que, curiosamente, pese a matarlo en su propia casa, no le robaron nada.
El mismo Tribunal que los condenó por el homicidio que no cometieron debe ahora tratar el caso del robo que la policía usó de pantalla. Sugestivamente, este juicio se aplazó, casualmente cuando tomó cuerpo la indignación popular frente a la parodia de juicio que habían realizado.He aquí un ejemplo terriblemente práctico de justicia selectiva, de criminalización de la pobreza. ¿Será que el sistema penal está llamado a encubrir los crímenes de sus agentes para no deslegitimarse socialmente? ¿Será que la institucionalidad democrática se nutre de prácticas dictatoriales? ¿Será que el estado de derecho consagra las formas jurídicas por sobre la verdad?...
O será, simplemente, como reconoció el mismo defensor oficial cuando respondió a las exigencias de los vecinos y familiares de los dos hermanos, que: “estas cosas son normales en La Matanza y nosotros no podemos hacer nada”. A la luz del caso Aguilera; del caso Brian y los otros pibes engarronados por el crimen del ingeniero también producto de un allanamiento en barrios pobres de La Matanza, habrá que creerle al defensor oficial, pero sólo en parte.
A diferencia de los agentes de la institucionalidad cómplice, nosotros podemos hacer y mucho. La de los hermanos Aguilera es una causa emblemática de lucha antirrepresiva.
