El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó este mediodía en conferencia de prensa su Informe Anual 2008 sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. El CELS destacó el protagonismo que han conseguido los temas de derechos humanos en la agenda de los distintos poderes del Estado, pero sostuvo que los problemas de articulación y gestión estatal impiden lograr avances mayores en la protección efectiva de estos derechos. El CELS instó al Estado a “no reducir la política de derechos humanos al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado” y solicitó un mayor compromiso para generar una cultura democrática de los derechos humanos que incluya los problemas más graves y urgentes del presente.Horacio Verbitsky, presidente del CELS, remarcó que existe una “actitud comprometida del gobierno con los temas de derechos humanos” pero aclaró que las políticas al respecto “resultan insuficientes”.“La política de derechos humanos es insuficiente. No se extiende en todas las direcciones que debería y hay déficit en el órgano encargado de aplicarla”, remarcó Verbitsky.Respecto del proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura, el Informe reitera su advertencia sobre las fallas de coordinación entre los poderes del Estado, la lentitud de los procesos, la falta de recursos y la pasividad frente a los graves hechos que amenazan el proceso de justicia. La desaparición del testigo Julio López, las intimidaciones a otros testigos, abogados y funcionarios judiciales que participan en los juicios, y la muerte por envenenamiento del prefecto Héctor Febres constituyen elementos de riesgo que obstaculizan el normal desenvolvimiento de los juicios y que no han tenido hasta ahora una respuesta estatal efectiva.Por su parte, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, señaló que en el último año “algunas políticas de derechos humanos se estancaron –como las del juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado y la reforma judicial iniciada con la renovación de la Corte-; otras siguen siendo deudas pendientes –como el mejoramiento de la situación de las personas privadas de libertad y de las personas pobres e indigentes-; otras han sufrido claros retrocesos –como la política de acceso y producción de información pública- y algunas otras tuvieron regresiones –como la política de no represión a la protesta en Neuquén y Santa Cruz-“.Con respecto a la situación carcelaria, el Informe del CELS advierte que las condiciones de detención en cárceles federales y provinciales están lejos de adecuarse a los parámetros internacionales. Además, alerta sobre el contexto de hacinamiento y sobrepoblación que atraviesa la provincia de Buenos Aires (en el último mes han crecido por primera vez en muchos meses las personas presas en comisarías bonaerenses), y sobre el hecho de que el Estado no cuenta con criterios claros para determinar el cupo de las unidades penitenciarias. Por otro lado, también llama la atención sobre la privación de libertad de grupos especialmente vulnerables: personas con graves problemas de salud; mujeres embarazadas y mujeres con hijos.“Tenemos un nuevo gobierno en la provincia que ha dado marcha atrás con las reformas del gobierno anterior. Desde que asumió Scioli hay un incremento de las denuncias de torturas policiales y de las personas detenidas en comisarías y de ninguna manera esto implicó un descenso de los índices de criminalidad en la provincia”, remarcó Verbitsky.
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